¡GRACIAS, MAGISTRADOS DE LA CORTE!
“El progreso de la justicia es el sentido esencial de la historia”
Arturo Enrique Sampay
Dedicado a todos los lectores atentos y, en particular, a mi prima política,
miembro de la Corte por la que se jugó Néstor Carlos Kirchner.
Hacían falta los últimos enunciados de los fallos de la Corte de Suprema de Justicia para que quedara ostensiblemente demostrado que, ya sin prejuicios ni suspicacias, para seguir adelante, el país necesita una REFORMA CONSTITUCIONAL.
UNA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SEGÚN SU INTERPRETACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN NACIONAL, FALLA EN CONTRA DE LAS DECISIONES DE UN PODER LEGISLATIVO QUE EXPRESA LAS RELACIONES DE FUERZA ENTRE EL PASADO Y EL FUTURO Y DE UN EJECUTIVO SOBERANAMENTE ELEGIDO POR INDISCUTIBLE MAYORÍA.
¡Fenomenal demostración de conducta antidemocrática de uno de los famosos Tres Poderes!
Está claro que es hora de poner las cosas en su lugar, ya que el razonamiento colectivo, el sentido común, se está enfrentando con la razón práctica de una de las instituciones de la República. Esto es, diría Don Arturo Jauretche, que el traje institucional le está quedando incómodo al cuerpo de la Nación ¡LO QUE HAY QUE CAMBIAR ES EL TRAJE Y NO EL CUERPO, SEÑORES!
No es que el gobierno actual se obstine en proponer leyes inconstitucionales: ¡es que la Constitución atrasa!
¿Qué pretende la Corte? Parece empeñada en disciplinar al soberano, cuando su papel institucional consiste en protegerlo en el ejercicio de sus derechos. Entonces, tradición mediante, a las decisiones de los órganos políticos del Estado, que son producto del voto de las mayorías y acompañan la actualización de la sociedad para adaptar sus herramientas a las nuevas condiciones sociales, económicas, nacionales e internacionales, le responde aplicando el corset de las instituciones viejas.
Todo al revés: pretende subordinar lo trascendente, que es la Nación y su pueblo, por excelencia soberano en sus decisiones, a la tan proclamada ley suprema, la Constitución Nacional, históricamente contingente (las hubo unitarias y federales, y en el tan democrático EEUU se modifica cada dos años mediante enmiendas). Mesiánica misión histórica de nuestras clases dominantes: civilizar al bárbaro. Pero las cosas están cambiando… ya no son tan ganadores. Sin embargo, prefieren condenar el país al atraso antes que resignar mayorazgos otrora obtenidos.
Lo sabemos, no hay justicia; el pueblo llano hace rato que lo viene comprobando: los ricos nunca entran a la cárcel; los pobres se pudren ella. Los cargos son elegidos y ratificados a dedo por la corporación, como producto de un derecho divino, al estilo monárquico; no hay revocatoria legalmente posible, ni ante los más atroces prevaricatos (no embromemos con el Concejo de la Magistratura, oportunamente ratificado en su neta parcialidad corporativa por la Corte). Así, los nombramientos en la judicatura, más que una expresión de independencia, pasan a ser un bill de indemnidad.
Pero los jueces no son inmaculados apóstoles de la igualdad. Son sujetos sociales con intereses culturales, políticos y de clase, naturalmente no de las más bajas.
Si los lugares políticos están siempre sujetos al eventual escrutinio de los ciudadanos de base y de ellos surge el poder representativo ¿porqué dos de los poderes republicanos electivos deben estar sometidos a la supremacía de la más feudal de las corporaciones? ¿Porqué los ciudadanos de esta Argentina próspera deben respetar la decisión de la reacción conservadora?
¿No es que el sistema republicano se fundamenta en la soberanía popular, expresada a través de los partidos políticos y su representación en el Estado según las voluntades mayoritarias? ¿No es que el sistema tripartito de poderes debe servir para evitar las arbitrariedades de alguno de sus estamentos?
¿Ha habido algún abuso de poder en el Ejecutivo y el Legislativo (queremos conocerlos)? ¿En alguna ocasión dejaron de cumplirse los reglamentos y deberes de funcionarios de los dos poderes que expresan directamente el voto popular?
De acuerdo a lo dicho, queda claro el abuso de poder de la Corte Suprema de Justicia donde sus ejecutivos, en tanto vitalicios, se sienten exentos de someterse a la opinión ciudadana.
Recordemos. El progreso del país y sus instituciones han sufrido numerosas interrupciones reaccionarias. En todas ellas, ha sido decisiva la aquiescencia de los variopintos abogados que se sucedieron en la Corte desde 1955. Nunca los ciudadanos de a pie tuvieron oportunidad de influir ni de enmendar decisiones ni nombramientos de la judicatura.
No es porque esa profesión sea impenetrable a la sabiduría del vulgo. Nadie sabe más de leyes que quienes las sufren (vayan a tomar un curso de derecho penal a las cárceles, y verán). Pero la ley está sometida a la razón de la clase dominante, y a esa racionalidad está respondiendo hoy nuestra Corte. ¿Cuál es la gran pauta que determina su comportamiento? La de siempre: el antiperonismo.
¿No fueron jueces de honorable catadura los que admitieron la derogación por bando militar de la Constitución democráticamente sancionada de 1949? ¿Quiénes ocultaron deliberadamente las violaciones a los derechos humanos a partir de 1976? ¿Cuáles legitimaron las leyes de obediencia y luego aprobaron los indultos a los genocidas? Son los mismos funcionarios que hoy dominan la nómina de ejecutivos judiciales.
Entonces ¿cuál es la “virginidad” de la justicia? Es un órgano tan politizado como el que más.
Por eso, una asamblea constituyente nacional y democrática (otorgando a los defensores del status quo el handicap de convocarla de acuerdo al orden predominante) deberá elaborar un nuevo texto, atacando principalmente los tópicos dogmáticos que vienen repitiéndose desde 1853. Sólo así se podrán esclarecer y resolver los conflictos que hoy paraliza institucionalmente la evolución histórica de la Nación Argentina.
Mientras, a esta Corte Suprema de Justicia, a la que respetamos por su seriedad profesional, debemos reclamarle que avance sincera y responsablemente en la modernización democrática del servicio de justicia (que no es otra cosa sino eso: servicio, nada más excelso; y no las falsas dignidades medievales que se le atribuyen para darle la apariencia de nobleza intocable).
Y a nosotros, que no nos confunda la vocinglería pseudodemocrática con su defensa de “las instituciones de la República”, diría otra vez Don Arturo; los intereses de la Nación y de su pueblo ostentan indiscutible supremacía.
Superada esa zoncera, preparémonos para proyectar los progresos de este mundo en vertiginosa marcha de cambios permanentes hacia nuestro presente: ese es el verdadero sentido que se debe dar al concepto de inclusión social, así como es preciso reconocer que los derechos que merecen en igualdad de condiciones todos los argentinos se amparan ampliando y no recortando las libertades democráticas.
Ernesto Jauretche
La Plata
19 de junio de 2013
Ernesto Jauretche
Me provoca una terrible impotencia
PAZ Y AMOR
GRA
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